“En el tercer trimestre la inversión TIC del sector público ha bajado un 25%”

 

Carlos Canitrot es director de consultoría de AdjudicacionesTIC. En esta entrevista, Carlos nos habla de la evolución del gasto tecnológico por parte de las administraciones públicas en España, que iba al alza hasta que se declaró la pandemia de Covid-19, pero que ahora cae en líneas generales. Además, hace un pronóstico de cómo puede acabar el año la inversión pública y confía en que los Presupuestos Generales del Estado o los planes de recuperación europeos reviertan en la modernización definitiva de la administración electrónica, que durante esta pandemia no ha estado a la altura de las circunstancias en algunos casos.

Buenas noticias en el último Barómetro de AdjudicacionesTIC. La compra de PC, portátiles y tablets crece en el sector público un 159% en el primer semestre. El teletrabajo obliga. ¿Cómo valora la evolución del hardware desde que se desató la pandemia?

Los datos del hardware son indiscutibles. El gasto en hardware pasó de 76 millones en el primer trimestre a 246 millones en el segundo. Han ido también bien las ventas de servidores y almacenamiento. Han crecido mucho.

Sin embargo, en términos globales la inversión pública en tecnología ha caído un 19% en el primer semestre, hasta rozar los 1.200 millones de euros. ¿Cuáles son los segmentos tecnológicos que más están sufriendo?

Efectivamente, las buenas noticias son parciales. Porque el hardware ha subido mucho, pero también es verdad que es lo único que ha ido bien. El resto de tipologías, como comunicaciones, software o servicios, han disminuido bastante. En concreto, los servicios de comunicaciones han caído drásticamente. Y en servicios TI, los de mantenimiento de sistemas también han caído. También han descendido mucho los servicios de pago por uso de impresión. Al no estar presentes los funcionarios en sus lugares de trabajo, las peticiones de esos servicios han disminuido. En general, la caída de la inversión TIC de casi el 20% en el semestre es importante. Y lo malo es que seguimos bajando.

“La caída de la inversión TIC de casi el 20% en el semestre es importante. Y lo malo es que seguimos bajando”

Ha habido mucha inversión en equipamiento para el teletrabajo de los funcionarios, pero ¿qué está pasando con el cloud, la otra pata que ha posibilitado mantener la actividad durante la pandemia de la Covid-19?

Los servicios en la nube han crecido mucho. También ha aumentado el software como servicio. Es lógico. Está motivado por el trabajo en casa. Pero la nube no ha podido compensar las caídas en el global de servicios TI o del software. El teletrabajo ha influido positiva y negativamente al mismo tiempo en el sector.

Veníamos de años complicados en los que la inversión pública estuvo de capa caída y en los últimos volvió a activarse. Pero en estas llegó la Covid-19, que parece está truncando definitivamente esta línea ascendente.

“No me gusta dar cifras, pero si llegamos a 2.500 millones de euros en 2020, será algo muy bueno”

La situación es complicada. Los datos del tercer trimestre que vamos a sacar ahora prolongan la bajada del primer semestre. Con respecto al tercer trimestre del año pasado, la inversión TIC de la administración baja un 25%. Eso sí, estoy convencido de que la tecnología es lo que puede sacarnos de la crisis de la pandemia, y confío en que los presupuestos y los planes europeos serán beneficiosos para el sector y que la tendencia cambie en los próximos trimestres.

En 2019 el gasto tecnológico del sector público rondó los 3.350 millones en total, en línea con el año precedente. ¿Cómo puede acabar este año?

A cierre del tercer trimestre, la inversión total no llega a los 1.800 millones de euros. Llegar a las cifras de 2019 en lo que queda de ejercicio va a ser francamente complicado. No me gusta dar cifras, pero si llegamos a 2.500 millones en 2020, será algo muy bueno. Y ojalá me equivoque y que al final sea mucho más. Es un año atípico y es muy difícil decir qué puede ocurrir.

Los presupuestos prorrogados de Montoro no favorecieron la aparición de proyectos innovadores en la AAPP, y sí el mantenimiento de los existentes. Parece que puede haber Presupuestos Generales del Estado para principios del año que viene. ¿Cómo puede incidir esto en la inversión?

La tecnología es la única arma que nos puede sacar de esta situación. Además de los Presupuestos Generales del Estado, también hay que decir que ahora a los ayuntamientos se les permite hacer uso de los remanentes de tesorería acumulados. Todo unido debería revertir la tendencia de inversión en 2020 y que en 2021 podamos volver a la tendencia alcista de años anteriores.

El plan de recuperación de Europa va a permitir a España disponer de 140.000 millones sobre todo para digitalización y sostenibilidad. ¿Cómo puede beneficiar esta inyección de dinero en los próximos años a la modernización de la Administración pública en materia de digitalización?

Desde luego es un chorreo de millones. Pero hay que saber cómo se van a utilizar. Tal y como está definido el plan, hay todavía muchas cosas en el aire. En cualquier caso, venimos de planes anteriores, como CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), que no se tradujeron en lo que inicialmente se pretendía. En este caso, se debería exigir una profunda transformación y modernización de las administraciones públicas.

La pandemia ha evidenciado fallos. Hoy somos conscientes del mal funcionamiento del SEPE, que no ha funcionado como debería con el tema de los ERTE. La administración electrónica tampoco está en los niveles que debería estar. De cara a los ciudadanos es clave. Y también está el bajo de nivel de interoperabilidad entre administraciones. Nos siguen solicitando documentos que tenemos que aportar una y otra vez. En resumen, la falta de inversión tecnológica es patente. Por eso, es deseable que este nuevo plan esté bien diseñado.

¿Qué administraciones y organismos están concentrando en los últimos tiempos la inversión?

Al cierre de junio, la entidad más inversora es el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña), seguido por Informática del Ayuntamiento de Madrid y el GISS (Gerencia de Informática de la Seguridad Social). Entre los tres sumaban más de 300 millones de euros de inversión, alrededor de un 25% del total de la inversión en el primer semestre.

Y en cuanto a las empresas adjudicatarias, también parece que hay mucha concentración, ¿verdad?

Si, en el primer semestre IBM, Telefónica e Indra sumaron unos 300 millones de euros, según los datos publicados. Es decir, uno de cada cuatro euros lo ganaron una de estas compañías. En este grupo de cabeza suelen estar también Iecisa (ahora integrada en GFI) y T-Systems.

“Se debería exigir una profunda transformación de las administraciones públicas con el plan de recuperación europeo”

¿Hay poca competencia?

Cuanto más abarcas en el territorio nacional, más posibilidades tienes de adjudicarte proyectos. Son compañías que están por todo el país y en todas las administraciones. Además, se llevan grandes contratos. Todo suma. De todas formas, en un segundo nivel hay un número elevado de empresas adjudicatarias con cifras muy respetables.

¿Cuáles son los mayores problemas que encuentran los proveedores e integradores de tecnología que trabajan con la administración? Habitualmente se suelen quejar de la excesiva relevancia que tiene el precio en los proyectos, o de los largos plazos de pago.

El precio sigue teniendo mucho peso. En 2020, en torno al 20% de las licitaciones se valoran únicamente por este criterio. Además, en más del 45% de las mismas, el precio vale más del 50%. Esto es un problema, pero es verdad que la importancia del precio va a la baja.

“El precio sigue teniendo mucho peso. En 2020, en torno al 20% de las licitaciones se valoran únicamente por este criterio”

Aunque cae lentamente. Sobre los plazos de pago, la web del Ministerio de Hacienda dice que está en estos momentos en torno a 30 días en la administración central y en las comunidades autónomas. Y aumenta a más de 75 días de media en las administraciones locales. 30 días parece un plazo razonable, aunque 75 no.