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El «juego combinativo» en la contratación pública

Es difícil hacer alguna reflexión sobre la contratación pública y su normativa que aporte grandes novedades a la gran cantidad de líneas que se han escrito en diferentes artículos de opinión, en revistas y redes sociales, o en trabajos de investigación y tesis doctorales.
Probablemente, encontraremos un amplio consenso en la necesidad de mejora de la normativa existente en la actualidad, reflejada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Como dice la propia Ley en su preámbulo, «los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad precio».

No habrá tampoco mucha discusión en la consecución del primero de estos objetivos, puesto que es evidente la mejoría en la claridad de los procesos de tramitación, respecto a situaciones previas, aunque podríamos poner en duda si se ha alcanzado el nivel de transparencia que sería deseable.

Respecto al segundo objetivo, estoy convencido que genera un debate mucho mayor, en el que, en mi opinión, cuando menos, no logra el mejor resultado posible, inclinando la balanza más hacia el precio que a la calidad.

Pero la Ley añade algo más a sus objetivos cuando indica «También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES.